El tratado de libre comercio de Canadá también es conocido por las siglas CETA. Estas son las siglas en inglés de “Comprehensive Economic and Trade Agreement” (Acuerdo Extensivo Económico y de Comercio). En español sus siglas son AECG que corresponden a “Acuerdo Económico y Comercial Global”.
Según leemos en el artículo publicado por El Confidencial el CETA o Comprehensive Economic and Trade Agreement es el pacto que rebaja o elimina las tasas aduaneras entre Canadá y la Unión Europea. Contrario a lo que muchos piensan la “C” no hace referencia a Canadá.
El tratado se limita a áreas mayoritariamente comerciales, pero no entra en sectores donde lo público es fuerte tanto en Canadá como en la mayor parte de la UE, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
El tratado de libre comercio de Canadá estima la reducción o eliminación de las tasas aduaneras entre Canadá y la Unión Europea. También la unificación de estándares reguladores. Asimismo, ampliará las cuotas de productos europeos en Canadá. En contrapartida Canadá tendrá acceso al mercado de 545 millones de consumidores de la UE.
Entre otros detalles el tratado no permite la importación de alimentos modificados genéticamente que, si se consumen en Canadá, pero no en la UE. También refuerza la protección de las patentes farmacéuticas.
Según podemos leer en la página de la Comisión Europea estos son los aspectos que predominan en el AECG:
Los que apoyan el tratado de libre comercio de Canadá afirman que incrementará el comercio bilateral en un 20% y suministrará a la economía europea unos 12.000 millones de euros anuales y 8.000 a la canadiense.
Los que están en contra arguyen que puede debilitar los derechos de los consumidores. Los consumidores de la UE están más protegidos por la legislación actual que los canadienses. Al unificar las regulaciones podría haber pérdida de esas protecciones.
Otro aspecto que resaltan sus detractores es el uso de tribunales de arbitraje privados para dirimir las posibles controversias entre estados y empresas privadas. Esto podría suponer una pérdida de derechos para los ciudadanos de a pie. Ante la reticencia que suscitaban los arbitrajes, se decidió que fueran la UE y Canadá quienes eligiesen a los jueces, se reforzaron además los códigos de conducta y se introdujo el derecho de apelación.
El Parlamento Europeo lo aprobó el 17 de enero 2017. Los acuerdos exclusivos de la UE entraron en vigor inmediatamente después de ser aprobados. Se aplicó al 95% automáticamente.
Los acuerdos mixtos solo entran en vigor una vez aprobados por cada país de la UE. Dado que en cada país los procedimientos pueden durar varios años, los Gobiernos, reunidos en el Consejo de la UE, pueden optar por aplicarlos provisionalmente. Para estar plenamente vigente tendrán que ratificarlo los Parlamentos de los Veintiocho Estados miembros.
La aplicación provisional termina cuando todos los Estados miembros de la UE notifican al Consejo que han concluido sus procedimientos internos de ratificación. Solo entonces podrá entrar plenamente en vigor el AECG.
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